El Superior Tribunal de Justicia admite que los funcionarios judiciales no devuelven los vehículos secuestrados

A pesar de la exigencia del STJ, solo una magistrada devolvió un auto. Los demás no entregan ni siquiera la información. La situación misionera repercutió en el ámbito nacional. Los legisladores oficialistas defienden su proyecto de modificar la ley de guarda de elementos secuestrados La entrega de los elementos incautados por la Justicia en guarda de funcionarios judiciales sigue dando que hablar. El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Augusto Márquez Palacios, afirmó que «hay mucha resistencia» para devolver los autos que están en manos de jueces y secretarios de juzgados tal como pidió el STJ. Hasta ahora, sólo una magistrada fue la que devolvió un solo auto, a pesar de que el tribunal exhortó a los jueces a que se entregue toda la información desde el año 1991 sobre el destino de los autos secuestrados y entregados en custodia judicial. «Hasta el momento los jueces devolvieron sólo un auto», sostuvo el magistrado. El caso de los autos repercutió en el ámbito nacional y ayer el portal de noticias data54.com -que dirige Jorge Lanata- «levantó» la noticia de Misiones On Line resaltando la situación que se vive en la Justicia misionera con respecto a los vehículos secuestrados, donde se supo que hasta al portero de un Juzgado le han entregado un automóvil en depósito judicial. Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados César Raúl Humada defendió su proyecto de modificación de la ley 2745 sobre la entrega de los bienes secuestrados: «Los vehículos secuestrados se entregarán a las reparticiones del Estado, no a los funcionarios en particular», aclaró el legislador. Según Humada, con la creación del registro de depositarios, se evitaría que los vehículos sean entregados a cualquier funcionario y se utilizarían los autos donde realmente sean necesarios. Pero Márquez Palacios, quien criticó el proyecto de los legisladores remarcó que «la idea del Superior Tribunal de Justicia, es que esos autos que nadie reclama, tienen que ser rematados para que ese dinero ingrese a nuestra cuenta de fondo de Justicia». Asimismo, aseguró que «nuestra ley permite la entrega a reparticiones públicas e instituciones de beneficencia, lo que no estaba permitido era la entrega a particulares», explicó. Márquez Palacios reconoció que «hay muchos jueces que tienen automóviles secuestrados y están haciendo uso de ellos. Esto no puede seguir», aseguró. También admitió que la Justicia no tiene un detalle centralizado de los autos que hayan sido secuestrados. El presidente del STJ indicó que «nos dicen (los jueces) que si los dejan depositados en algún lugar se destruyen, pero acá hay una ley que dice que a los seis meses deben ser rematados, por eso no hay motivos para que sean utilizados de esta forma». Sin embargo, fuentes judiciales revelaron que los jueces están buscando la forma de eludir el pedido de los miembros del STJ. Es que aparentemente pretenden seguir usufructuando de un beneficio que les está vedado por ley, pero que en la práctica es moneda corriente. El caso de los autos entregados en depósito judicial fue puesto sobre el tapete por el abogado Miguel Iglesias, quien sostuvo que sólo en Posadas circulan más de 500 vehículos secuestrados por la Justicia y entregados a terceros en depósito judicial. El abogado penalista y secretario del Instituto de Ciencias Penales del Nordeste criticó la falta de control por parte del Superior Tribunal de Justicia y aseguró que «hasta me da temor investigar esto porque está involucrada la clase política, porque muchos de los políticos tienen estos autos». En la justicia provincial los rodados sólo pueden ser entregados en calidad de depósito judicial a la persona que tenga justo título o acredite ser poseedor de buena fe del bien hasta que se establezca con certeza quién es su legítimo propietario. También pueden ser cedidos a instituciones de bien público y sin fines de lucro con la condición, en todos los casos, que se contrate un seguro contra todo riesgo y se lo mantenga en buen estado de conservación y funcionamiento. Este año el Superior Tribunal de Justicia sacó una acordada por la cual pidió a los jueces de Instrucción de la provincia «una estricta observación de las leyes para la disposición de los bienes registrables (lanchas y automotores). Para el abogado Iglesias, «en el STJ no tiene un control de todos los autos que se secuestran durante los turnos, que pueden ser de dos a 20 rodados por juzgado». Agregó que «en una época se quiso cortar con eso, pero al no haber una justicia independiente son entregados para la campaña política u otros usos, lo cual nos acerca más a un feudo que a una provincia independiente».