La Subsecretaría de Trabajo se convierte en escenario de crisis y en solo 8 meses dispuso 42 conciliaciones obligatorias

Despidos y retrasos en el pago de haberes abren conflictos en los que intenta mediar la Subsecretaría llamando a negociar a las partes, pero más de la mitad de las conciliaciones terminan sin acuerdo. El sector que encabeza la lista de visitas a este organismo es el de la construcción, pero casi ninguno queda fuera. Sólo ocho meses del 2000 han sido suficientes para alcanzar el número tanto de conciliaciones obligatorias como de procedimientos preventivos de crisis, que obligaron a empresarios y trabajadores a desfilar por las oficinas de la Subsecretaría de Trabajo durante todo el año 99. Ése es el principal escenario que evidencia el recrudecimiento de una crisis en la que empleadores y empleados difícilmente llegan a un acuerdo. La Subsecretaría dispuso hasta el 31 de agosto un total de 42 conciliaciones obligatorias, frente a las 47 que se dictaron en todo el año 99, para intentar acercar a las partes de distintos conflictos. Un intento obligado de negociar cuando el diálogo se rompe y se imponen las medidas de fuerza de los trabajadores por despidos o importantes retrasos en los pagos. Sin embargo, más de la mitad de esas conciliaciones cumplen los 15 días establecidos sin acuerdo entre las partes, devolviendo a los empleados el derecho de huelga y el conflicto a su punto de partida. De hecho, en 25 de las 42 que se dictaron este año la negociación se rompió sin acuerdo. Y en estos conflictos no resueltos se mantiene a la cabeza el sector de la construcción, en el que se han dictado ya ocho conciliaciones obligatorias en lo que va de año. La Compañía Misionera de Construcciones (MCM) y la constructora Carlos Enríquez son las que protagonizan el mayor numero de desacuerdos con sus empleados, con continuas suspensiones en las obras que ambas tienen asignadas. A pesar de que en su momento, el Gobierno se comprometió ante la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) a absorber a sus afiliados en los planes de obra pública y de construcción de viviendas en la provincia, ante la falta de estas medidas el secretario general del gremio, Héctor Vallejos, llegó a hablar de un posible estallido social mostrando un padrón de 1500 obreros desocupados. A esto se suma las consecuencias que podría traer el concurso preventivo presentado por CMC, paso previo a la quiebra que dejaría sin empleo a 400 empleados en toda la provincia, aunque ya se anticipó el despido de unos 80 obreros según la UOCRA. Pero aunque los despidos en el sector de la construcción son los más conocidos y los más repetidos, no son los únicos. 40 DESPIDOS POR SEMANA Según datos de la Subsecretaría de Trabajo, 40 personas pierden su empleo cada semana en Misiones. Las cuatro delegaciones de la Subsecretaría en la provincia son testigos de 190 audiencias por semana por problemas laborales como despidos, reducciones de sueldo o aumento de la carga horaria, de las cuales 100 de ellas se realizan en Posadas, 40 en Eldorado, 30 en Oberá y 20 en Wanda. El balance de todas ellas, una media de 40 despidos por semana. El sector comercial tampoco escapa a esta situación, y según el Centro de Empleados de Comercio casi 500 trabajadores perdieron su empleo en lo que va de año. Casi 500 de los 7 mil que actualmente trabajan «en blanco» en esta actividad, a lo que hay que sumar los ceses de trabajadores «en negro», que representan entre un 15 y un 20 por ciento del total de «contratados». La cifra, íntimamente ligada a la crisis que atraviesa el sector, es más alarmante al contrastarla con los datos del 99, ya que con respecto al mismo período del año anterior se duplicaron los despidos. Y en este caso, una vez más, los actores tuvieron que pasar por la Subsecretaría de Trabajo. Desde el gremio explicaron que sin contar el mes de agosto ya tiene más de 60 expedientes presentados en este organismo, aunque reconocen los avances que trajeron estas negociaciones. «De los expedientes ya han surgido conciliaciones, por ejemplo con empresas que realmente demuestran la falta de ingresos», explicó el secretario del gremio, Ricardo Alfredo Alegre. Entre los acuerdos que se han llegado a alcanzar, además de negociar indemnizaciones, estaría incluso la de acordar «suspensiones temporarias o rotativas», según palabras de Alegre. Pero no todos se muestran tan conformes con las disposiciones de conciliación obligatoria. «Es un manotón de ahogado que no sabe qué hacer y no tiene más credibilidad». Desde el hospital Samic de Eldorado, el médico Guillermo Rodríguez se refirió así a la conciliación obligatoria a la que les llamó la subsecretaría de Trabajo el pasado mes de julio, a petición del Ministerio de Salud, y que hizo levantar el paro convocado por trabajadores sanitarios de toda la provincia. Aunque aquella conciliación terminó con acuerdo, los reclamos por los bajos sueldos, los descuentos del IETE y la falta de insumos en los hospitales se mantienen. NADIE ESCAPA A LA CRISIS Más reclamos. CIASA S.A. sucursal de Mercedes Benz (con central que opera en la provincia de Entre Ríos), despidió alrededor de 20 trabajadores que esperan aún la indemnización correspondiente. Hasta el momento, no hay señales por parte de los empresarios para abonar lo adeudado mientras desde la Subsecretaria de Trabajo han convocado en tres oportunidades a conciliación obligatoria y no han obtenido respuesta. Sólo un ejemplo de una dura realidad que alcanza también al sector automotor, donde más de cien empleados de concesionarias fueron despedidos en los primeros meses del 2000. El conflicto en la empresa Lindheimer también estalló de cara a la opinión cuando los medios de comunicación reflejaron la protesta que protagonizaron seis empleados despedidos, que terminó con un llamado a conciliación obligatoria. Pero los ejemplos son muchos más. Entre ellos, dos nuevos casos menos conocidos. Tacurú Social Club se encuentra en un procedimiento preventivo de crisis empresarial, a raíz de la cual quiere despedir 24 trabajadores, mientras que en la empresa Tupy tuvieron que cerrar un acuerdo con el personal para reducir jornada y salario por tres meses. En total son 25 trabajadores que han sufrido una reducción del 30 por ciento en su sueldo. Mientras tanto, la Subsecretaría de Trabajo, que en sus cuatro delegaciones atiende una media semanal de 190 audiencias, cuenta con 60 agentes en toda la provincia, más un cuerpo de inspectores integrado sólo por doce personas que deben hacer las veces de policías de trabajo y de inspectores de higiene y seguridad, y cuyos horarios están encuadrados dentro del régimen de la administración pública. No cuentan con sistema informático en red y en la Subsecretaría sólo hay cuatro PC, mientras disponen de una tráfic y un auto para moverse por toda la provincia. «Es la situación laboral más difícil que ha atravesado Misiones en su historia». La frase es contundente, y se pronunció en la Subsecretaría de Trabajo. Pero también es contundente la cifra que habla de 40 despidos por semana en la provincia, y las 42 conciliaciones obligatorias y 16 procedimientos preventivos de crisis en ocho meses.