Un proyecto que busca «blanquear» una realidad

Los diputados provinciales justicialistas César Humada y Orlando Gil Navarro presentaron el jueves un polémico proyecto para modificar la Ley 2745 y así permitirle a centenares de funcionarios de los tres poderes del Estado el acceso en calidad de depositarios judiciales de vehículos y bienes que la Justicia tiene secuestrados. Hasta ahora los jueces provinciales sólo están facultados para entregar esos bienes a organizaciones de bien público sin fines de lucro. Pero esto en la realidad no se cumple y son muchos los funcionarios que hoy circulan por la provincia en lujosas camionetas y coches que le fueron cedidos por jueces «amigos». Los diputados Gil Navarro y Humada propusieron en su proyecto que la posibilidad de acceder a esos bienes alcance a los miembros de «los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; organismos de la Constitución, provinciales, municipales, entes autárquicos, descentralizados e instituciones de bien público». Para controlar la entrega propusieron crear en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia el «Registro de bienes entregados en depósito judicial», que deberá llevar un control de los beneficiarios con su domicilio, el bien entregado con sus características y estado de conservación del mismo. También deberá constar el juzgado que lo entregó junto con el número de expediente y la carátula de la causa. La modificación de la Ley 2745 alcanzará, en caso de ser aprobada, a los vehículos que están secuestrados a disposición de los jueces provinciales, quedando fuera de la disposición los dos juzgados federales que funcionan en Misiones, Al fundamentar su proyecto, los diputados Humada y Gil Navarro sostuvieron que «en estos tiempos de crisis acentuada, la practicidad es el elemento indispensable para activar, reforzar y/o mejorar situaciones que afrontan distintos organismos que se ven superados por falta de bienes, cuya entrega harán a un mejor desempeño que nos beneficiará a todos». Agregaron que «esta propuesta tiene como antecedentes otras legislaciones provinciales en las cuales los bienes secuestrados y sin dueño que los reclamen, son entregados a instituciones públicas y privadas».

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