Diputados del PJ quieren blanquear el sistema de entrega de vehículos incautados en tenencia judicial

César Raúl Humada y Orlando Gil Navarro quieren que los tres poderes del Estado puedan acceder a esos bienes, además de los municipios. Hasta ahora le Ley 2745 sólo permite acceder a estos bienes -autos por ejemplo- a las instituciones de bien público que no tienen fines de lucro. Días atrás el abogado penalista Miguel Iglesias denunció que hay 500 autos entregados a funcionarios Diputados justicialistas presentaron ayer un polémico proyecto para modificar la Ley 2745 y así permitirle a centenares de funcionarios de los tres poderes del Estado el acceso en calidad de depositarios judiciales de vehículos y bienes que la Justicia tiene secuestrados en distintas causas. Hasta ahora los jueces provinciales sólo están facultados para entregar los distintos bienes que están en su poder a organizaciones de bien público sin fines de lucro. Pero esto en la realidad no se cumple y son muchos los funcionarios que hoy circulan por la provincia en lujosas camionetas y coches que le fueron cedidos por jueces «amigos». Este hecho irregular fue denunciado por el abogado penalista y secretario del Instituto de Ciencias Penales del Nordeste, Miguel Iglesias, quien sostuvo que «hay más de 500 vehículos entregados en depósito judicial a funcionarios». Hace un mes, Iglesias criticó la falta de control por parte del Superior Tribunal de Justicia y aseguró que «hasta me da temor investigar esto porque está involucrada la clase política, porque muchos de los políticos tienen estos autos». Los diputados justicialistas Orlando Gil Navarro y César Humada propusieron en su proyecto que la posibilidad de acceder a esos bienes alcance a los miembros de «los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; organismos de la Constitución, provinciales, municipales, entes autárquicos, descentralizados e instituciones de bien público». REGISTRO Para controlar la entrega pretenden crear en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia el «Registro de bienes entregados en depósito judicial», que deberá llevar un control de los beneficiarios con su domicilio, el bien entregado con sus características y estado de conservación del mismo. También deberá constar el juzgado que lo entregó junto con el número de expediente y la carátula de la causa. La modificación de la Ley 2745 alcanzará, en caso de ser aprobada, a los vehículos que están secuestrados a disposición de los jueces provinciales, quedando fuera de la disposición los dos juzgados federales que funcionan en Misiones, Actualmente en la justicia provincial los rodados sólo pueden ser entregados en calidad de depósito judicial a la persona que tenga justo título o acredite ser poseedor de buena fe del bien hasta que se establezca con certeza quién es su legítimo propietario. También pueden ser cedidos a instituciones de bien público y sin fines de lucro con la condición, en todos los casos, que se contrate un seguro contra todo riesgo y se lo mantenga en buen estado de conservación y funcionamiento. Una fuente que conoce de cerca el movimiento de los rodados sostuvo que muchas veces los vehículos son entregados en forma no oficial a los funcionarios. Estas personas suelen no tener problemas con los controles porque son conocidos o simplemente utilizan sus credenciales para evitar un control que los obligaría a contar cómo obtuvieron el rodado. Iglesias asegura que «el Superior Tribunal de Justicia no tiene un control de todos los autos que se secuestran durante los turnos, que pueden ser de dos a 20 rodados por juzgado». Agregó que «en una época se quiso cortar con eso, pero al no haber una justicia independiente son entregados para la campaña política u otros usos, lo cual nos acerca más a un feudo que a una provincia independiente». FUNDAMENTOS Al fundamentar su proyecto, los diputados Humada y Gil Navarro sostuvieron que «en estos tiempos de crisis acentuada, la practicidad es el elemento indispensable para activar, reforzar y/o mejorar situaciones que afrontan distintos organismos que se ven superados por falta de bienes, cuya entrega harán a un mejor desempeño que nos beneficiará a todos». Agregaron que «esta propuesta tiene como antecedentes otras legislaciones provinciales en las cuales los bienes secuestrados y sin dueño que los reclamen, son entregados a instituciones públicas y privadas».