El Consejo del Menor y la Familia pidió un jury para la jueza Aída Vázquez de Moreira

La titular del organismo, María Orseniga se reunió esta mañana con la ministra de Bienestar Social, la Mujer y la Juventud y el titular del Superior Tribunal de Justicia. Quiere que se investigue a fondo el tráfico de chicos en Oberá. Esta tarde se reúne con el intendente de Oberá Un nuevo pedido de juicio político fue presentado esta mañana contra la jueza Civil y Comercial de Oberá Aída Rosa Vázquez de Moreira en el Superior Tribunal de Justicia por la presunta entrega irregular de recién nacidos en adopción. El pedido fue formulado por la titular del Consejo del Menor y la Familia, María Orsenigo, quien llegó a Misiones acompañada por la coordinadora del Programa de Adopciones, Marisa Graham, y la jefa del Departamento de Adopciones, María Benchuya. Las funcionarias junto con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Manuel Augusto Márquez Palacios viajaron este mediodía a Oberá para reunirse con el intendente de esa ciudad, Héctor Dalmau. Tras una extensa reunión con Márquez Palacios, Orsenigo sostuvo que «se acordó con el Ministerio de Bienestar Social, la Mujer y la Juventud y el Superior Tribunal de Justicia firmar convenios de colaboración . En el caso del Ministerio, tienen un buen diagnóstico de la situación y vamos a ayudarlos a trabajar el tema de las mamás y la pobreza específicamente». Agregó que con el STJ «pensamos firmar un convenio para que se utilicen los registros de los equipos de Misiones como del Consejo Nacional y que si realmente las familias de Buenos Aires quieren adoptar chicos, vengan a Misiones cuando esté agotada la demanda del Registro de las Provincias. También acordamos hacer jornadas de capacitación para la mejor aplicación de la Ley de Adopción y otras formas de integración familiar, y poder hacer intercambios con los jueces de esta provincia y los equipos que están trabajando en el tema adopciones en la Nación». Con respecto al viaje a Oberá, Orsenigo dijo que «vamos a ver cuál es la problemática, en qué podemos ofrecer colaboración. Nosotros pensamos que el Consejo Nacional está para ofrecer cooperación técnica a los equipos que están trabajando localmente. «Queremos ir a ver al intendente porque obviamente parte de la problemática se centra en Oberá (donde Canal 13 dejó al descubierto la red dedicada al tráfico de bebés). Queremos saber cómo (Dalmau) ve el tema, qué necesita y así poder trabajar en conjunto Nación-Provincias-Municipio; y en este caso con el STJ que tiene la responsabilidad jurídica del tema». La funcionaria elogió a los miembros de la Corte misionera al señalar que «estamos realmente muy satisfechos con el STJ, con la jueza de Posadas Carmen Ferreira de Negro, de la Cámara de Apelaciones en los Civil y Comercial (debe investigar las adopciones hechas en el juzgado de Vázquez de Moreira)». Para las funcionarias, es necesaria la reglamentación del artículo 2 de la Ley Nacional de Adopción que establece la creación de Registro Unico Nacional de Adoptantes. «Está muy adelantada su creación y seguimos trabajando ese tema con la Jefatura de Gabinete». Por su parte, la Coordinadora del Programa de Adopciones, Marisa Graham negó que exista un vacío legal que impida condenar la intermediación en la adopción de recién nacidos. «Si bien no hay un artículo del Código Penal que mencione el tráfico de niños, están los artículos 138 y 139 bis que hablan de la supresión y suposición del estado civil de un menor. Nosotros creemos que está penada la compra, la venta y la intermediación», agregó. En el mismo sentido, Orsenigo sostuvo que «las intermediaciones son difíciles de detectar porque tienen una parte lícita y una ilícita que luego, de alguna manera es convalidada por una adopción legal. Entonces queda en un medio camino donde lo omportante es investigar y encontrar algún culpable para condenarlo y así aplicarlo ejemplificadoramente al resto de la sociedad». Aclaró que «una cosa es el servicio que presta un abogado y los honorarios que puede cobrar y otra cosa es conseguir un niño. Su misión es patrocinar a los adoptantes en el juicio de adopción. No es su función conseguir el niño para los postulantes y cobrar por ello; o poner en contacto a una embarazada con la familia de Buenos Aires o de otros lugares para la entrega de un niño». Finalmente reclamaron que se investigue a fondo. «Cuando se quiere investigar se puede hacer, y en este caso lo que se tiene que haces es justamente eso».

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